Friday, July 06, 2007

Preocupación.

Esta es la mejor forma de describir el impacto que causó esta semana un artículo publicado por la revista Fortuna, en cuya tapa podía leerse “El plan para crear una ENTel K”. La nota es una larga especulación sobre cómo sería una nueva empresa estatal de comunicaciones. Lo llamativo de la misma es que está basada en trascendidos provenientes de despachos oficiales, pero sin mención concreta a ningún funcionario u oficina estatal. O sea, más especulación que dato cierto y comprobable. Pero como el toro ya está en el ruedo, es interesante realizar un ejercicio de análisis, algo así como una hipótesis de conflicto de las que realizan los militares en tiempos de paz.

Resumiendo en pocas palabras una extensa nota, la especulación entorno a esta nueva ENTel surge como consecuencia de la compra de Telefónica de una fracción de las acciones de Olimpia, sociedad que a su vez tiene el 18% de Telecom Italia. A pesar de la diluida participación de Telefónica en Telecom Argentina, la mencionada nota afirma que la estrategia del gobierno sería la de basarse en posibles problemas de monopolio o posición dominante lo que las obligaría a encarar un proceso de desinversión.

Desde el punto de vista técnico, el plan mencionado tiene sus aristas. Más allá de que se esté de acuerdo en la influencia real de Telefónica en Telecom (lo cual es ciertamente discutible), la solución no pasa por estatizar. Podría exigirse la venta de una parte de los activos a otro privado, como sucedió en la industria cervecera local. Por otra parte, a diferencia de otras privatizaciones realizadas durante la década de los 90, en el caso de las telecomunicaciones no se trató de una concesión sino de una licencia que incluyó la venta de los activos de lo que era la empresa estatal de comunicaciones ENTel.


Así, los activos son hoy propiedad de las telefónicas y no del Estado. En otras palabras, la red telefónica no es un bien del Estado, como sí ocurre con el espectro radioeléctrico, razón por la cual pudo exigir a Movistar la devolución del excedente para luego reasignarlo a piacere.


Así, haría falta una expropiación, donde el Estado debe indemnizar al propietario del bien para quedarse con éste por motivos de utilidad pública. ¿Sería políticamente razonable que el Estado gaste miles de millones de dólares en quedarse con una parte de la red telefónica nacional?

Desde el punto de vista político, el análisis es mucho más jugoso. La idea de una gran empresa nacional de telecomunicaciones (sea estatal, privada o mixta) no es nueva, ya que se trata de un sueño acunado por la anterior gestión a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, aún resta por ver cómo se reacomodarán las piezas políticas luego de las elecciones presidenciales de octubre, ya que aunque la figura ganadora mantuviera el mismo apellido en el poder máximo, éstas podrían implicar múltiples cambios de nombres a nivel ministerial y de allí para abajo.

Más allá de las intrigas palaciegas (término nunca mejor utilizado cuando se piensa en dinastías y reinas), políticamente el resurgimiento de una empresa nacional de telecomunicaciones de envergadura es de difícil justificación. Para empezar, el sector de las telecomunicaciones es uno de los pocos que no presiona por aumentos de tarifas, al menos no a nivel de clientes finales (sean individuos o empresas). Además, ciertas promociones recientes, como los bundlings de banda ancha y telefonía, implican una baja real del costo telefónico. Por otra parte, los precios de los servicios no regulados, como telefonía celular y banda ancha, tienden a la baja al tiempo que mejoran las prestaciones.


Por otra parte, las mejoras en el servicio telefónico luego de la privatización de ENTel fueron las más palpables, no sólo entre las herederas directas de la privatización sino también por las empresas que surgieron con más fuerza a partir de la apertura del mercado (entrantes). Esto no implica que el mercado de las telecomunicaciones sea el Edén, por lo que si el Estado busca una mayor intervención cuenta con la mejor herramienta: la regulación. Aunque hay que reconocer que como herramienta se trata de una algo oxidada por desuso.

Si a pesar de todo lo mencionado las intenciones del gobierno develadas por el artículo fueran ciertas y firmes, la frase “van por todo” que se escucha en diversos ámbitos tendría un nuevo y preocupante fundamento. El remate de este comentario es libre para que se adapte mejor a la ideología de cada uno.


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